Introducción y fundamentación
La gestión pública de las agendas de justicia y seguridad se encuentra fuertemente ligada a los campos de la política criminal y el análisis criminal, las cuales representan áreas de conocimiento reciente en la Argentina. El carácter novedoso de estas disciplinas se traslada también al campo de la gestión pública, donde los debates sobre política criminal se parecen poco a las discusiones del campo de la economía, la salud, la educación o cualquier otra política pública central del Estado.
El déficit deliberativo en torno a la política criminal afecta la forma en la que este campo se planifica, diseña, implementa, monitorea y evalúa. Como consecuencia directa observamos que la política criminal suele estar movida por intuiciones, prejuicios y argumentos opacos sin respaldo empírico y por reacciones efectistas frente a casos mediáticos.
Frente a este marco, resulta necesario profundizar los espacios para el desarrollo del análisis político criminal a través de la elaboración y circulación de contenidos teóricos e indagaciones exploratorias que proyecten debates y visibilicen cuestiones relativas a la gestión de conflictividades sociales ligadas al delito. Esto implica interpelar a los ámbitos asociados al diseño de política criminal a partir de reponer contextos, actores y trayectorias en el análisis de las conflictividades sociales que coadyuven a una comprensión de las múltiples dimensiones que las configuran. Se hace necesario también promover mecanismos para la traducción práctica de las herramientas propuestas por los saberes implicados en el cruce seguridad – justicia, particularmente desde la mirada de la política criminal.
El propósito de esta perspectiva es posibilitar la articulación ordenada del instrumental teórico y metodológico existente para quienes tengan que diseñar, implementar y evaluar iniciativas políticas sobre las problemáticas relativas a la justicia y la seguridad. El objetivo de fortalecer el campo político criminal implica un compromiso con la idea de democratizar esta política pública a través de la generación de mecanismos para mejorar los procesos de toma de decisión en los ámbitos de gestión pública.
Los diplomas de extensión representan un formato académico propicio para el encuadre de procesos formativos de corta duración, destinados a un público amplio y focalizado en la incorporación de herramientas teóricas de análisis y capacidades prácticas de gestión. La confluencia entre estas dos dimensiones resulta central para este diploma de extensión y apunta a promover una gestión pública que no funcione sobre la presuposición o la reproducción de prácticas ya instaladas y sedimentadas sino que se sustente sobre conocimientos sólidos y el desarrollo de capacidades analítico-conceptuales. En ese sentido, el objetivo consiste en que las herramientas de análisis conceptual sobre los fenómenos se pongan en juego para fortalecer la comprensión, interpretación e intervención sobre las dinámicas, prácticas y circuitos institucionales efectivamente existentes en pos del diseño, la implementación y el monitoreo de políticas públicas de seguridad y justicia eficaces y sostenibles en el tiempo.
Los/as destinatarios/as de este diploma de extensión son funcionarios/as y trabajadores/as de la administración pública nacional, provincial o municipal; funcionarios/as, investigadores/as y trabajadores/as de la administración de justicia y de las fuerzas de seguridad; integrantes de organizaciones de la sociedad civil con experiencia en las temáticas y público en general.
Articulación institucional
El diploma de extensión será impulsado desde el Observatorio de Política Criminal y Estudios Judiciales perteneciente al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes.
A su vez, siendo uno de los objetivos del diploma de extensión el fortalecimiento de las capacidades institucionales de gestión pública, se celebrarán convenios de colaboración con organismos públicos con competencia en temáticas de justicia y seguridad y con organizaciones de la sociedad civil con trayectoria en la materia a los efectos de facilitar la participación de sus miembros en la propuesta formativa.
Objetivos de formación
- Desarrollar capacidades analíticas orientadas a generar políticas públicas en materia de seguridad y justicia.
- Incluir una perspectiva político criminal para el diseño, la implementación y la evaluación de iniciativas y políticas públicas en las áreas de la seguridad y la justicia.
- Incorporar herramientas para el abordaje integral de fenómenos delictivos, a través de la elaboración de diagnósticos y el diseño de intervenciones estratégicas.
Duración
La duración total del diploma de extensión será de 207 horas. La duración de cada uno de los cursos generales será de 21 horas salvo uno de ellos que será de 15 horas y la duración de cada uno de los cursos especiales será de 15 horas.
Estructura curricular
El diploma de extensión tendrá 8 cursos generales de carácter obligatorio y 5 cursos especiales optativos, de los cuales deberá cursarse un mínimo de 3. Para tomar los cursos especiales se deberá haber cursado los cursos generales (no es necesaria su aprobación para la inscripción).
Cursos obligatorios (21 horas)
- Introducción a las políticas públicas en seguridad y justicia
- Problemáticas criminales y grandes grupos de conflictividad
- Construcción de políticas públicas y herramientas de incidencia
- Producción de información sobre conflictos y delitos
- Gobierno local de la seguridad
- Taller de gestión pública y territorio
- Problemas actuales para la justicia y la seguridad (presencial)
Cursos especiales (15 horas)
- Análisis criminal
- Violencia y territorio
- Policía y comunidad
- Género y política criminal
- Prevención de las conflictividades
Más información (link de inscripción)
